LA PAZ, Colombia.
En una finca de coca escondida en la jungla, media docena de jornaleros escapan de las hamacas y van a trabajar, recogiendo las hojas de color verde brillante que se convertirán en cocaína.
En las cercanías de La Paz, la base de cocaína blanca como la tiza sirve como moneda, que se utiliza para comprar pan o frijoles. Y en el pabellón comunitario, la propaganda en el muro rinde homenaje a una insurgencia que, en ciudades como esta, nunca ha terminado.
Escenas como estas estaban destinadas a ser cosa del pasado en Colombia.
Hace cinco años, el gobierno firmó un acuerdo de paz con el mayor grupo rebelde beligerante, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, marcando el fin de un conflicto que duró medio siglo y dejó más de 220.000 muertos.
Los rebeldes acordaron deponer las armas, mientras que el gobierno prometió unir a las comunidades rurales abandonadas en el estado colombiano, proporcionando empleos, carreteras, escuelas y la oportunidad de una vida mejor.
Al abordar la pobreza y la desigualdad, se suponía que el pacto de paz sofocaría el descontento que había alimentado la guerra.
Pero una tercera parte del plazo de 15 años del acuerdo, gran parte de esa ayuda aún no ha llegado al campo colombiano. Los grupos armados aún controlan pueblos como La Paz. Y, advierten los expertos, la ventana de Colombia para lograr la paz duradera prevista en el acuerdo puede cerrarse.
“Hablaron de los beneficios”, dijo Jhon Jiménez, de 32 años, productor de coca. “Fue una mentira”.
El pacto de paz de 2016 de Colombia fue uno de los más completos de la historia moderna, lo que le valió el aplauso mundial y el Premio Nobel de la Paz para el entonces presidente Juan Manuel Santos.
Estados Unidos, que había gastado miles de millones de dólares apoyando al gobierno colombiano durante el conflicto, estaba entre sus mayores partidarios. Desde entonces, más de 13.000 combatientes de las FARC han depuesto las armas. Muchos se integran a la sociedad. El acuerdo también estableció un ambicioso tribunal de justicia de transición que investiga los crímenes de guerra y procesa a los actores clave.
Después de cinco años, muchos académicos consideran un acuerdo de paz un éxito si los firmantes no han vuelto a la lucha. En estos términos, el tratado es un éxito: aunque haya facciones disidentes, como en La Paz, las FARC como institución no se han rearmado.
Pero muchos académicos y expertos en seguridad advierten que la transformación de la campaña abandonada hace mucho tiempo, en el corazón del acuerdo, está peligrosamente bloqueada. Al no ganarse la confianza de la población rural, dicen los expertos, el gobierno está permitiendo que los grupos violentos, viejos y nuevos, avancen y perpetúen nuevos ciclos de violencia.
En su casa, en un largo camino de tierra, Sandra Cortés, de 44 años, madre de 11 hijos, los llamó su “medio batallón”, explicando que ella era una de las que se sumaba al programa de sustitución de la cultura coca. La decisión de participar fue un acto de fe: obligó a su familia a recoger toda su cosecha, que era casi todo lo que tenía. A cambio, recibió un subsidio anual equivalente al salario mínimo, un grupo de árboles frutales jóvenes, equipo agrícola y algunas visitas de un técnico que se suponía que debía enseñarle nuevas habilidades. Quería criar ganado.
Pero pronto terminaron los subsidios, la mayoría de los árboles murieron y el técnico se fue. Ella nunca recibió los fondos ni los conocimientos técnicos para el ganado. Desesperada, vendió su tierra a un vecino, dijo, y ahora está pidiendo dinero prestado para alimentar a sus hijos. “Realmente pensamos que nos iban a ayudar”, dijo mientras acunaba a su bebé de 14 meses. “Nos equivocamos.”
De las 99.000 familias que participaron del programa de sustitución, poco más de 7.000 cuentan ahora con nuevos negocios productivos, según el gobierno.
